En el contexto de una historia de un pacto social excluyente, se puede señalar que el marco normativo constitucional y el modo de desarrollo implementado durante décadas han excluido sistemáticamente a ecuatorianos y ecuatorianas del mercado formal y, por ello, no han sido capaces de garantizarles el ejercicio de derechos. Por lo demás, si bien hasta la revolución liberal era posible calificar de “conservadoras” a las Constituciones, debe tenerse en cuenta también que no por ello han dejado de tener vigencia arraigadas tradiciones y prácticas culturales que explican la persistencia de los comportamientos clasistas, excluyentes, racistas y discriminadores que aún se observan a nivel de la vida cotidiana de la población ecuatoriana.

El nuevo pacto de convivencia que propone el gobierno de la Revolución Ciudadana es un esfuerzo por hacer realidad un verdadero y efectivo régimen constitucional de derechos. Sin embargo, éste requiere de una estrategia de acumulación, generación de riqueza y re-distribución radicalmente distinta a aquella que se desprende de los patrones históricos. Esto último quiere decir que la construcción del Estado constitucional de derechos y de justicia, plurinacional e intercultural, y la sociedad del Buen Vivir –para todos y todas- es contraria al mantenimiento de una estrategia de acumulación sustentada en una economía primario exportadora, que basa la redistribución en la apertura comercial a ultranza, la competencia del libre mercado y el asistencialismo focalizado de la política social neoliberal.

A continuación se esboza la estrategia de largo plazo que permitirá construir una nueva forma de generación de riqueza, distribución y redistribución que sustente el nuevo pacto de convivencia.